Lara Stemple, Wendy Patten and Benjamen Jealous, Infierno en La Cárcel, Miami Herald, October 5, 2003.

Rodney Hulin no lo merecía. Rodney tenía 16 años y era bajito para su edad cuando cometió un delito menor: prenderle fuego a un tanque de basura en un callejón. Fue acusado de incendio premeditado y remitido a una prisión de adultos. Allí lo violaron repetidamente.

Los funcionarios ignoraron sus escritos en demanda de ayuda. El personal de la prisión ignoró los intentos de su madre por protegerlo. Finalmente, incapaz de soportar una vida de constante tortura, Rodney se ahorcó en enero de 1996, a los 75 días de haber entrado en la cárcel.

En julio, el Congreso aprobó una ley que pudiera evitar que otros tengan que soportar abusos sexuales en la cárcel. La Ley de Eliminación de la Violación Carcelaria del 2003 consiguió aprobación unánime tras meritorios esfuerzos bipartidistas tanto en la Cámara como en el Senado. El presidente Bush la hizo ley el 4 de septiembre.

Esta ley es desesperadamente necesaria.

Aproximadamente uno de cada cinco reclusos en Estados Unidos ha tenido que afrontar contactos sexuales forzados en prisión, según estudios sobre el tema realizados por investigadores como Cindy Struckman-Johnson de la Universidad de Dakota del Sur. Uno de cada 10 ha sido violado. Para las mujeres, cuyos verdugos frecuentemente son los mismos custodios de la cárcel, hay algunas instituciones correccionales donde una de cada cuatro ha sido sexualmente asaltada.

Como Rodney, muchas víctimas de violaciones son delincuentes jóvenes, no violentos, que no tienen experiencia sobe la dura vida carcelaria.

Como Rodney, muchas víctimas han descubierto que muchos guardias ignoran sus demandas de ayuda e inclusive toman medidas de represalia contra los reclusos que presentan quejas.

Y como Rodney, muchas víctimas han sido destruidas por los daños físicos y psicológicos experimentados.

Las víctimas de violaciones carcelarias han quedado golpeadas, ensangrentadas y hasta muertas. Han contraído enfermedades venéreas como VIH-sida y hepatitis A y B. Y han sufrido de depresión, drogadicción y stress postraumática.

Nadie debía tener que soportar la violencia sexual, especialmente en instituciones correccionales donde los funcionarios públicos tienen un control casi total de las vidas de los reclusos a su cargo.

Una amplia y diversa coalición de grupos religiosos, organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho penal apoyan la Ley de Eliminación de la Violación Carcelaria del 2003 porque es un esfuerzo responsable por afrontar uno de los abusos a los derechos humanos más ignorados y menospreciados de este país.

La ley solicita la compilación de estadísticas nacionales sobre el problema, plantea el desarrollo de normas para uso de los estados, proporciona donaciones para apoyar los programas estatales y locales dirigidos a prevenir y castigar la violación carcelaria, y crea un panel de revisión que hace responsables a los estados por el progreso en la erradicación del mal.

Aplicada de manera concienzuda, la ley ayudará a movernos hacia una era más humana y más segura en los penales americanos. El alcance de la ley debe extenderse a todas las instituciones que confinen adultos y jóvenes, incluyendo las que tienen detenidos de inmigración.

La comisión que elabora las nuevas normas y el panel de revisión que evalúe el cumplimiento de los estados tienen que contar con reformadores experimentados. Y todos los que cometen violaciones tienen que ser responsabilizados por sus acciones, especialmente el personal correccional que abuse groseramente de su autoridad atacando sexualmente a reclusos.

Pero la violación carcelaria no puede eliminarse sólo con leyes. Además de leyes efectivas, necesitamos atención psicológica para los sobrevivientes, demandas dirigidas a presionar las reformas y una mayor compasión por parte del público.

Tenemos que reconocer que ninguna de los más de dos millones de personas confinadas en las instituciones penitenciarias de Estados Unidos ha sido condenada a violación.

Resolver este problema nos beneficiará a todos. El asalto sexual en las prisiones difunde enfermedades, promueve ciclos de violencia, socava la legitimidad de nuestro sistema de justicia penal, viola derechos humanos básicos y destruye vidas.

Rodney merecía algo mejor. Nosotros, como sociedad, también lo merecemos.

Lara Stemple es directora ejecutiva de Stop Prisoner Rape (www.spr.org). Wendy Patten es directora en EEUU de Human RightsWatch (www.hrw.org). Benjamin Jealous es director del programa nacional americano de derechos humanos para Amnesty International USA (www.amnesty.org).